El CADECA rechaza la solicitud de suspensión contra las elecciones colegiales del 6 de noviembre

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El Consejo entiende que la suspensión solicitada por un colegiado sería contraria al interés público, desproporcionada y causaría un grave perjuicio al Colegio y sus colegiados

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados considera conforme a ley los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada los días 19 de septiembre y 3 de octubre, y el de 4 de octubre de la Comisión Electoral, relativos a la convocatoria del proceso electoral para renovar el órgano de gestión de la institución al competo que se desarrolló el pasado 6 de noviembre.

Así lo ha confirmado la Comisión Permanente del CADECA al denegar la suspensión cautelar de estos acuerdos solicitada por el letrado Juan Barcelona Sánchez mediante el recurso de alzada 150/18. Considera el Consejo que “no hay motivo legal para la suspensión cautelar de la ejecutividad” de tales acuerdos y que tal suspensión sería “contraria al interés público” y “absolutamente desproporcionada”, habida cuenta de que “solo la ha instado un colegiado de los más de 3.500 que forman el censo”. Asimismo, la resolución establece que “no se acierta a adivinar el perjuicio ocasionado al recurrente, al no encontrarse un conflicto de intereses que deba ser objeto de una razonada ponderación”.

“Esta decisión del CADECA no viene más que a confirmar que el Colegio ha actuado en todo momento de buena fe y respetando la legalidad, con el único propósito de lograr una solución consensuada y efectiva para la Abogacía granadina, después de varios años de trabajo para restaurar la paz colegial”, ha comentado el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres.

De hecho, el pronunciamiento del CADECA rechazando la suspensión cautelar de los acuerdos relativos a las elecciones de 2018 se suma a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se desestima también el recurso presentado por el mismo colegiado y Santiago López Ordóñez, solicitando la nulidad del acuerdo alcanzado por el Colegio de Abogados de Granada el pasado 11 de enero de 2017. Este acuerdo limitaba el mandato a dos años de los diputados elegidos tras la repetición del voto por correo llevada a cabo en los comicios extraordinarios de diciembre de 2016 -en ejecución del auto de fecha 10 de noviembre de 2016 dictado por Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Granada- y fijaba 2018 como fecha para celebrar elecciones a todos los miembros de la Junta de Gobierno.

“Esperamos que, tras estos reveses judiciales, este compañero desista de su empeño por poner en duda constantemente la actuación de la Junta de Gobierno, pues no hace más que perjudicar la buena reputación de esta institución y ralentizar la gestión de la Corporación”, ha añadido Torres.

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