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El Colegio y Diputación barajan colaborar a nivel de asistencia letrada y recaudación de sanciones

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La Junta de Gobierno se reúne con el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, en un encuentro en el que también se abordó la situación de los mutualistas o la Oficina de Intermediación Hipotecaria


La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada, encabezada por su decano, Leandro Cabrera, acudió en la tarde del 27 de septiembre al Palacio de Niñas Nobles para mantener una reunión institucional con el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, con el objetivo de conocer los planes de la institución para los próximos años y plantear diferentes líneas de actuación entre ambas corporaciones en beneficio de la provincia y el colectivo profesional.

Una de estas iniciativas es la relativa a la recaudación de las sanciones económicas que la Abogacía granadina ya puede imponer a los colegiados tras la reforma del Código Deontológico de la Abogacía y los Estatutos del Colegio. Aunque el espíritu de estas multas disciplinarias es puramente ejemplarizante, no económico, el Colegio expuso la problemática que pueden conllevar a efectos de su cobro efectivo. Por ello, Rodríguez puso a disposición de la Corporación profesional el Servicio Provincial Tributario para acometer esta misión, acordando fijar una reunión próximamente con la diputada de Economía, Ana Molina, y la secretaria del Servicio Provincial Tributario, Teresa Martín Bautista, para concretar el proceso.

Asimismo, conversando sobre la ‘Granada vaciada’, Colegio y Diputación esbozaron la posibilidad de firmar un convenio de colaboración que permita que los letrados granadinos puedan prestar asistencia letrada a los municipios. De este modo, los ayuntamientos que lo requieran podrían cubrir sus necesidades a nivel de asistencia jurídica, mientras que los abogados de las zonas rurales contarían con una nueva vía laboral.  Un colectivo profesional que, según indicó el decano, representa el 13% del censo colegial. En concreto, de los cerca de 3.500 abogados granadinos, menos de 500 residen en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Por otro lado, la comitiva colegial también se interesó por la situación de los letrados mutualistas a tenor de la moción presentada por Izquierda Unida para hacer un llamamiento urgente al Gobierno compeliéndolo a realizar las modificaciones necesarias para asegurar a estos profesionales unas condiciones de jubilación dignas. Respecto a este tema, Rodríguez les informó de que justo esa mañana se debatió la moción, aprobándose por unanimidad, consenso político que agradecieron los representantes de los abogados.

Por último, el encuentro también incluyó la mención al convenio que Colegio y Diputación mantienen desde el año 2012 para el funcionamiento de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y la necesidad de seguir actualizando este servicio público y gratuito para aglutinar nuevas materias jurídicas en auge. Cabe recordar que esta oficina comenzó prestando asesoramiento especializado y labores de mediación para aquellos ciudadanos con escasos recursos económicos que se encuentren en situación de impago de cuotas hipotecarias y, desde 2018, amplió la cobertura también a incidencias con cláusulas suelo y abusivas de los préstamos hipotecarios.