Una jornada evalúa la reciente normativa sobre los taxis y los VTC desde la perspectiva de la libre competencia

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Un tema de tanta actualidad como la regulación de las licencias de taxi y los vehículos de alquiler con conductor (los llamados VTC) ha sido el eje central de una jornada organizada de forma conjunta por los Grupos Especializados de Derecho Mercantil y de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Granada.

La actividad formativa tuvo lugar en la Facultad de Derecho el 26 de octubre, solo un día después de que el Congreso convalidara el Real Decreto-ley 13/2018 que habilita a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que regular a las empresas que operan con las plataformas de VTC con un periodo de transición de 4 años tras el cual los vehículos de estas plataformas tendrán prohibido circular en el ámbito urbano si no obtienen una licencia municipal.

Para abordar si esta nueva norma se ajusta a la legalidad sobre libre competencia, la jornada contó con las ponencias de Enrique Sanjuán Muñoz, magistrado especialista de lo Mercantil de la Audiencia Provincial de Málaga, y Gabriel Domenech Pascual, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, acompañados por los presidentes de los Grupos de Derecho mercantil, Rosa Gallego, y de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, Manuel Peña.

Sanjuán Muñoz fue el primero en intervenir, profundizando en la relación con la libre competencia en el taxi y las licencias VTC y cuestionando si la normativa aprobada por el Gobierno respeta o no las normas de competencia y, si no las respeta, qué soluciones serían posibles. “El Real Decreto está fijando barreras de entrada para nuevas empresas”, aseguró el magistrado, apoyando su afirmación en el dictamen de la Comisión Catalana de la Competencia y el recurso de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ante al Tribunal Supremo frente a la norma.
 
En este sentido, el ponente valoró como positivo que cada comunidad o municipio organice su sistema en función de sus necesidades, pero recalcó que el problema viene cuando se establecen limitaciones a la libre competencia que solo son posibles cuando están basadas en el interés general, el del consumidor, que busca un mejor servicio a mejor precio. “¿Esta medida da un mejor servicio y más barato?”, planteó Sanjuán. “No, porque la competencia favorece que las empresas se esfuercen más en dar mayor servicio y más barato”, añadió. Por ello, el experto considera que el mercado del taxi tiene que evolucionar y entrar en la competencia con estos nuevos sistemas. “Es posible mantener cuotas de entrada de licencias, pero hemos de adaptar las figuras viejas y que sean competitivas con las nuevas”, apostilló.

Por su parte, Domenech Pascual continuó la jornada repasando las últimas novedades que ha habido en el sector del taxi y los VTC, trasladando a los presentes cómo se ha llegado hasta aquí y cuáles son las perspectivas de futuro. “Posiblemente, el decreto ley incurre en varias infracciones de la Constitución Española: no tenía presupuesto habilitante, lleva a cabo una medida seguramente discriminatoria en relación con los taxistas y aplica una especie de expropiación de las licencias de VTC con una indemnización que seguramente es insuficiente”, indicó el catedrático como principales objeciones a la norma, por lo que prevé que esta regulación va a generar acciones judiciales y el conflicto va para largo.

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