AJG. La primera línea de defensa de los ciudadanos

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Que cualquier ciudadano pueda acceder a la Justicia, que nadie, por razón económica o de otra índole, quede apartado de la tutela judicial efectiva, es una conquista de la Democracia, plasmada en el derecho constitucional a la Justicia Gratuita. La maquinaria que garantiza ese derecho, incluido en el artículo 119 de la Constitución Española, conforma la primera línea de defensa de los ciudadanos, la más importante labor social que ejercen la Abogacía y los Colegios de Abogados.

La Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio no serían posibles sin los más de 42.000 abogados que se vuelcan por garantizar que, sean cuales sean los recursos económicos de un ciudadano, sea tratado por igual ante los Tribunales. Pero tampoco serían una realidad sin el trabajo ingente de gestión y organización que desarrollan los Colegios de Abogados y que desempeñan cientos de trabajadores de estas corporaciones, que se convierten en los primeros ‘asesores’ de los miles de ciudadanos que acuden a la Justicia Gratuita cada año.

a.jpg En el caso de Granada, una decena de trabajadores del Colegio desempeñan su actividad en la ‘sala de máquinas’ de la Justicia Gratuita. Desde la sede de Cárcel Alta se gestionan el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que se presta de lunes a jueves y que atiende cada día a casi medio centenar de personas; el de Asistencia al Detenido, que gestiona el turno de guardias; y se tramitan las peticiones de los Juzgados vinculadas al artículo 21 de la Ley de Justicia Gratuita. Todos estos servicios, que acaban antes o después en el Turno de Oficio, tienen su primera etapa en el Colegio de Abogados, que también tiene a disposición de los ciudadanos un Punto de Información Catastral gestionado por un trabajador de la corporación.

El volumen de trabajo que genera la Justicia Gratuita es impresionante. En 2014 se abrieron 20.473 expedientes de Justicia Gratuita, de los que 9.139 se gestionaron a través del Servicio de Orientación Jurídica (es decir, se atendieron directamente en la sede colegial); 10.157 se tramitaron a través del Servicio de Asistencia al Detenido; y 1.177 se abrieron tras la petición del Juzgado. A esta cifra hay que añadir alrededor de un millar de consultas de información que se atendieron de forma presencial por los trabajadores del servicio de AJG y que no derivaron en la apertura de un expediente.

El Servicio de Orientación Jurídica, que es el que más trabajo genera y el que llena de lunes a jueves la sede colegial de Cárcel Alta, funciona siempre con cita previa, con la única excepción de los casos en los que hay un proceso judicial en marcha, en los que se le da número de forma urgente para que puedan solicitar la suspensión del plazo. El SOJ atiende cada día a 35 personas con cita previa (de las que aproximadamente un 70% se gestionan por Internet, y el resto en persona), a las que se les suman 10 o 20 citas urgentes para suspensiones de plazo, sin contar con los ciudadanos que ya tienen un expediente abierto pero que regresan para aportar documentación.

Tras esa primera cita, el SOJ abre el expediente de Justicia Gratuita al solicitante y, tras comprobar que reúne los requisitos, lo traslada al Turno de Oficio (también recalan en este servicio las peticiones de los juzgados y las guardias de Asistencia al Detenido), donde se le designa un letrado y se tramita una petición al Colegio de Procuradores. Una vez lanzada la petición, se comunica al abogado, al beneficiario y al Juzgado, y se traslada el expediente a la Junta de Andalucía, donde un equipo de seis personas revisa los expedientes y confirma, deniega o modifica la concesión de la Justicia Gratuita.

El proceso desde que se pide la asignación de un abogado de oficio hasta que se resuelve puede durar más de dos meses y medio, una consecuencia del enorme volumen de trabajo que gestiona el servicio de AJG. En muchas ocasiones, además, una vez designado el abogado pueden surgir incidencias que tienen que ser resueltas por los trabajadores del Colegio, como la disconformidad del letrado o el cliente, la subsanación de documentos, o incluso el cambio de opinión del solicitante, que puede renunciar a la Justicia Gratuita.

Uno de los fenómenos que se ha registrado en los últimos años como consecuencia de la Ley de Tasas, y que también ha supuesto un incremento del volumen de trabajo del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, ha sido la libre designación de abogados en base a los artículos 27 y 28. De las 169 peticiones de libre designación que se registraron en el año 2011 se pasaron a 927 en 2014, cinco veces más. Es de suponer que la eliminación de las Tasas para las personas físicas también reduzca significativamente estas peticiones, reduciendo así la carga de trabajo para un servicio que ha experimentado de primera mano las consecuencias de la crisis económica.

c.jpg Adela Gómez, Adela Jerez, Eva Fajardo, Lidia Fernández, Luis Ramos, Rafael Lozano, María Fernández, Arturo García, Teresa Vidal y Begoña León son los trabajadores del Colegio que desempeñan cada día esta labor esencial para garantizar el acceso de los ciudadanos a la Justicia. El Colegio, además, cuenta con una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, presidida por el diputado tercero, Fernando Conde, que se encarga de resolver peticiones, quejas, resoluciones, insostenibilidades o incidencias con los Juzgados.

El presidente de la Comisión apunta que el Turno de Oficio es vital tanto para los ciudadanos como para los propios abogados. En la actualidad, un tercio de los colegiados ejercientes está inscrito en el Turno de Oficio, y como consecuencia de la crisis económica las inscripciones no han hecho más que aumentar año tras año. Por volumen de trabajo y por su impacto social y profesional, la gestión y coordinación de la Asistencia Jurídica Gratuita es probablemente la encomienda más importante del Colegio de Abogados. El principal objetivo de la Comisión desde el punto de vista organizativo, explica Fernando Conde, es facilitar lo máximo posible todos los trámites a los profesionales, de forma que se simplifique el proceso de notificaciones y justificaciones. De hecho, uno de los proyectos de la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio es la puesta en marcha de una herramienta informática que permita a los profesionales realizar estos trámites desde su propio despacho, evitando traslados y ahorrando tiempo a todos los abogados, especialmente a los de los distintos partidos judiciales.

La otra gran función de la Comisión y del Colegio es defender a capa y espada la dignidad del Turno de Oficio y de los abogados que prestan fielmente un servicio esencial para el Estado de Derecho. Esta lucha se revela todavía más importante en la actualidad, con el proyecto de Ley de Justicia Gratuita en el horizonte. “Luchamos porque la legislación sea la mejor posible, porque las retribuciones de los abogados sean dignas y las administraciones dejen de maltratar al turno de Oficio”, explica Fernando Conde, que destaca el papel “esencial” que juegan los trabajadores del Colegio para prestar un servicio “excelente” tanto a los colegiados como a los ciudadanos.