Aprobada la solicitud del Colegio de aplicar un ERTE por fuerza mayor a parte de la plantilla

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La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada traslada al censo que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía comunicó el pasado 24 de abril la aprobación de la solicitud de la Corporación profesional de aplicar, con efectos de 15 de marzo, un Expediente Temporal de Regulación de Empleo por fuerza mayor que afecta a buena parte de su plantilla.

Según la resolución de la Administración, a la vista de las solicitud y documentación aportada por el Colegio con fecha 24 de marzo, queda acreditado que la actividad de la misma se encuentra entre las que quedan suspendidas o limitadas según lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y la Ley del Estatuto de los Trabajadores, trayendo causa directa las circunstancias que sirven de fundamento a la alegada situación de suspensión de contratos/reducción de jornada.

Esta medida adoptada por la Abogacía granadina se debe al ánimo de administrar los recursos disponibles de la mejor manera posible. Así, en un periodo en el que la actividad efectiva de la institución está circunscrita prácticamente a la asistencia al detenido y poco más, la Junta de Gobierno ha optado por ahorrar al Colegio el importe de las nóminas de los trabajadores, quienes a su vez pueden acceder a las prestaciones económicas aprobadas por el Gobierno.

La suspensión de contratos de parte de la plantilla se prolongará como máximo hasta que se proceda a la declaración oficial de levantamiento de las medidas de suspensión o cancelación de actividades o cierre temporal de locales de afluencia pública causadas por el estado de alarma, con la consiguiente autorización de reanudación de la actividad empresarial, esto es, limitando la existencia de la fuerza mayor a la duración del estado de alarma y sus eventuales prórrogas.