Manuel Medina analiza las novedades en materia de Transparencia, Protección de Datos y Compliance

• miércoles, 29 de noviembre de 2017
• 2. Formación

El Colegio de Abogados de Granada ha sido el primero de la comunidad autónoma al que ha asistido como ponente el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Andalucía, Manuel Medina Guerrero, quien visitó la sede colegial el pasado 28 de noviembre con motivo de la jornada sobre ‘Transparencia y Compliance’ organizada por el Grupo Especializado de Prevención del Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo.

Durante su intervención, Medina se refirió a diferentes asuntos en materia de transparencia, protección de datos y compliance, un sector este último, que “está teniendo cada vez una presencia más importante en nuestro Derecho”. En este sentido, el también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla se refirió a la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción del Estado, norma que amplía las entidades sujetas a cumplir la Ley de Transparencia en materia de publicidad activa; el régimen sancionador de la Ley de Transparencia andaluza, que prevé para las entidades privadas multas que pueden ir desde los 30.001 euros hasta los 400.000 euros, "una de las sanciones más severas de las normas existentes"; o la obligación que tienen, en principio, las entidades con financiación pública de publicar en sus páginas web datos tan sensibles como auditorías, retribuciones o indemnizaciones de altos cargos y directivos.

El ponente también dedicó parte de su intervención al Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entrará en vigor el próximo 25 de mayo de 2018, generando un “cambio radical, drástico, en el modo de funcionar habitual en protección de datos en toda Europa”. “El reglamento contempla un mayor margen de maniobra o libertad de los sujetos obligados, que son los que deben evaluar los riesgos y decidir cómo hacer frente a posibles quebrantamientos en sus organizaciones, y esto conlleva que haya un régimen sancionador más severo, se incrementen las sanciones económicas y se amplíen las competencias de control e inspección por parte de las autoridades, la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de España, y el Consejo andaluz, cuando asumamos la competencia”, puntualizó Medina.