La reunión con el presidente del CGPJ deja "buenas sensaciones" sobre la ubicación de las salas de apelación penal

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El decano del Colegio de Abogados, Eduardo Torres, ha mantenido en la mañana del 7 de junio un encuentro con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, acompañado por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, el decano del Colegio de Procuradores, Gonzalo de Diego, y el presidente del Consejo Social, Santiago Carbó, con el objetivo de trasladarle personalmente las reivindicaciones de las instituciones granadinas sobre el establecimiento en la capital judicial de Andalucía de las futuras secciones de apelación penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz.

En este sentido, Torres ha valorado la reunión como “bastante positiva”, ya el Lesmes ha declarado rotundamente que Granada es capital judicial de Andalucía y que las sedes se han creado para Granada, no para otros sitios, igual que ya se pronunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la clausura el viernes 2 de junio de las VII Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados celebradas en la ciudad. 

De este modo, la Comisión  granadina -fruto del consenso y unidad de la sociedad granadina para la defensa de la capitalidad judicial- ha descartado algunos “miedos” sobre el criterio que se pueda barajar a la hora de tomar la decisión definitiva sobre estas secciones. “El presidente del CGPJ ha aclarado que los criterios de atención y defensa al ciudadano o proximidad no valen para nada, porque el ciudadano no va a venir a las apelaciones; tampoco va a ser determinante el criterio político; ni se valorará el volumen de asuntos que pueda dar una ciudad u otra, sino el nivel de resolución que la sala haga respecto a los asuntos”, ha explicado el decano granadino.

Asimismo, durante el encuentro también se ha dado a conocer que la decisión definitiva se producirá en meses, una vez que el CGPJ pueda valorar el funcionamiento de las nuevas salas, y que el acuerdo sobre el desplazamiento a Málaga y Sevilla adoptado por la Sala de Gobierno del TSJA no es, en absoluto, vinculante.