La Abogacía Española recurre el acuerdo del Poder Judicial sobre los juzgados únicos para cláusulas suelo

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El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recurso contra el acuerdo del 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo.

Lo hace después de que, reunido en Pleno extraordinario en Granada –con motivo de las VII Jornadas de Juntas de Gobierno, acordara esta medida y mostrara su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ en un concentración en la que participaron los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España.  

La Abogacía Española considera que el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales. Esta medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable. Por ello, la Abogacía pide como medida cautelar la suspensión del acuerdo del CGPJ para evitar que se consoliden situaciones jurídicas procesales de difícil o imposible reparación como puede ser que se tramite por un órgano judicial incompetente un proceso civil en materia de cláusulas suelo.

Incomprensiblemente, la medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones. Además de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos. La medida conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la Justicia de la ciudadanía.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.

La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, realizará las gestiones oportunas con las instituciones competentes para alcanzar una pronta solución del problema. 

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados también anunció a través de un comunicado su intención de recurrir la decisión del CGPJ en un comunicado, en el que calificaba esta decisión de “muy desacertada y descabellada”.