Enfoque multidisciplinar para analizar las luces y sombras del informe psicosocial en los procesos de familia

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El informe psicosocial y la exploración del menor ha sido la temática elegida por el Grupo Especializado en Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Granada para su última jornada, celebrada en la tarde del 30 de noviembre, un contenido no exento de numerosas cuestiones, como si los jueces se deben atener siempre al resultado de esta prueba, si se hace un uso excesivo tanto en su proposición como en admisión, si el tiempo empleado por los equipos en la valoración de los informes es suficiente, qué ocurre si se impugna la prueba, qué valor se le otorga a la exploración del menor o si es necesario que siempre asista a esa exploración un psicólogo, según planteó la presidenta del grupo, María Teresa Morales.

Bajo el título 'Contradicción probatoria por los distintos operadores en los procesos de familia: informe del equipo psicosocial y exploración del menor', el encargado de iniciar el turno de intervenciones fue el magistrado-juez de Familia del Juzgado nº 5 de Málaga, José Luis Utrera Gutiérrez, quien se refirió al informe psicosocial y su valoración dentro del proceso de familia y a la exploración de los menores como diligencia judicial. “Se trata de una actuación muy relevante en los procesos de familia para conocer la voluntad de los menores y poder valorar su interés, que es el que, en definitiva, debe primar en la adopción de medidas de tipo personal, como guarda y custodia, visitas, etc.”, puntualizó el ponente.

Por su parte, el abogado y colegiado de Sevilla y mediador familiar José Luis Sariego Morillo cuestionó por qué cuando un padre no quiere la custodia de los niños no se estudia y, sin embargo, si es obligatorio hacer un informe psicosocial si es el padre el que pide la custodia, “especialmente ahora que hay tanta lucha por la igualdad de derechos”. “Es el mundo al revés y en vez de ir hacia el siglo XXI estamos perpetuando los roles de género tradicionales”, aseguró el letrado, quien calificó como “no normal” que el 80% de las custodias en Granada se las den a las madres. “Nos encontramos el caso de madres que están pidiendo la custodia compartida y padres que no la quieren. ¿Qué hacemos?”, reflexionó el experto.

En este sentido, José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo forense de Córdoba, enfocó su intervención a las debilidades metodológicas que tienen los informes psicosociales y pautas sobre cómo deberían realizarse. “Se usan instrumentos que no son adecuados y no son completos, pues si bien tienen que tener un carácter técnico-científico que se pueda contrarrestar, hoy en día no hay garantías; por ejemplo, no se entregan las respuestas que puedan dar los progenitores, hay profesionales que no están suficientemente formados e incluso existe alguna denuncia del Defensor del Pueblo Andaluz de que no están ni colegiados, algo que es algo obligatorio dentro de la Administración”, indicó Aguilar, añadiendo que esa situación “genera cierta inseguridad a la hora de poder contrarrestar y, por tanto, indefensión”.