La novena sesión del Foro sobre Derecho y Covid aborda la protección de datos en el ámbito sanitario

El ‘Foro sobre Derecho y Covid-19: análisis del impacto jurídico del Covid-19’ continúa recorriendo los diferentes ámbitos legales de la pandemia, analizando en su novena sesión el tema de la protección de datos de carácter sanitario.

Qué ocurre con los datos personales de los ciudadanos en este contexto y qué acciones entran en el marco de la legalidad fueron los puntos abordados por los expertos invitados al evento, introducido por Antonio Olivares, diputado Quinto del Colegio de Abogados, presidente del Comité de Dirección de la Fundación y miembro de la organización del foro, junto a María del Carmen García Garnica, catedrática de Derecho Civil, Ignacio Joya Amezcua, letrado y presidente de la Comisión de Formación del Colegio de Abogados, y Rafael Rojo Álvarez-Manzaneda, profesor titular de Derecho Mercantil e IP del proyecto I+D+I "El impacto del COVID-19 en las relaciones contractuales" de la Junta de Andalucía.

Estos ponentes, presentados por el catedrático de Derecho Civil Antonio Ortí Vallejo, fueron Ricard Martínez Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y director de la Cátedra Microsoft, y Francisco Hernández Guerrero, fiscal delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada.

En este sentido, Martínez Martínez se encargó de explicar a los asistentes la fundamentación jurídica del tratamiento de datos personales en la era Covid y los problemas que se han generado en los últimos meses desde un enfoque de salud pública. A partir de los autos dictados por varios Tribunales Superiores de Justicia (Madrid, Andalucía o Castilla la Mancha, entre otros) sobre la validación de medidas limitativas de derechos fundamentales, preponderando el interés general, puntualizó que, en materia de protección de datos, también se exigen otros requisitos, como una predeterminación normativa con un rango suficiente, que se fije con precisión la limitación y se proporcionen garantías adecuadas, entre otros. Asimismo, el ponente se refirió al papel de la AEPD y el Comité Europeo de Protección de Datos y expuso diversos ejemplos que ponen de manifiesto la sensibilidad de esta materia y el mayor o menor grado de acierto en el cumplimiento normativo, como la toma de temperaturas, la geolocalización y el Radar Covid, la transmisión de datos personales de los alumnos durante la docencia online o para la investigación en salud. “A pesar de estar hablando del uso de datos al servicio del bien común, no hemos buscado una estrategia que concilie el derecho a la protección de datos y los intereses de la comunidad”, concluyó.

Por su parte, Hernández Guerrero orientó este tratamiento de datos personales hacia esos supuestos asociados con la criminalidad. “Lo que hemos sacado de la pandemia es la importancia de los datos de geolocalización y la posible sensibilidad por contexto: hay datos que no tienen una naturaleza sensible, pero por contexto se convierten en dato sensibles”, comentó el fiscal, quien repasó los diferentes modelos de gestión de datos puestos en marcha a nivel internacional, los problemas que han generado y el impacto que muchos han supuesto en el control de la sociedad, transformándose un instrumento correcto y útil en otro con finalidades muy aleadas del bien común.

La próxima sesión de este espacio de debate, organizado por el Colegio de Abogados de Granada, la Universidad de Granada y l Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas, tendrá lugar el 24 de marzo, centrado en ‘La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y el Covid-19’, con intervenciones de José Antonio García-Trevijano Garnica, socio director de García-Trevijano Abogados, y José Luis Villar Ezcurra, socio director de Ariño & Villar.

Los interesados en participar en las conferencias deberán inscribirse a través del microsite creado al efecto, recibiendo a continuación un enlace para acceder a la retransmisión online a través de Microsoft Teams.