El CADECA impugna los acuerdos que restringen el libre acceso de los abogados a las sedes judiciales

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La Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en reunión telemática celebrada el pasado viernes 5 de junio, acordó por unanimidad de los decanos de los once Colegios andaluces, rechazar todas y cada una de las medidas o acuerdos adoptados por los distintos órganos judiciales (desde el TSJA -acuerdo de su Sala de Gobierno de 2 de junio- hasta los Jueces Decanos de los diferentes partidos judiciales) que directa o indirectamente restrinjan o limiten el libre acceso de los abogados a las sedes y oficinas judiciales para poder desarrollar ampliamente y con todas las garantías las actuaciones propias de su cometido profesional ante los tribunales (consultas, acceso a los expedientes judiciales, señalamientos, etc).


Desde el Consejo Andaluz se considera que estos acuerdos resultan gravemente perjudiciales para el derecho de defensa y afectan a la dignidad del ejercicio de la Abogacía, por lo que el lunes 8 de junio se formuló la oportuna queja formal ante el TSJA interesando que se dejasen sin efecto las restricciones impuestas, petición que, pese a su acogida favorable, ha dado lugar a una rectificación parcial que desde el Consejo Andaluz se considera insuficiente.

Por ello, la Comisión Permanente del Consejo Andaluz ha acordado impugnar el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA de 2 de junio de 2020 (y su rectificación de 9 de junio), interponiendo el correspondiente recurso ante el CGPJ, además de las impugnaciones que a nivel provincial puedan llevarse a cabo por los Colegios de Abogados contra los acuerdos adoptados en los partidos judiciales correspondientes a sus respectivas demarcaciones territoriales, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas que en cada caso se consideren necesarias, ya sea por el Consejo Andaluz o por los diferentes Colegios de Abogados.

El CADECA y cada uno de los once Colegios andaluces seguirán estando vigilantes para evitar que la situación derivada del COVID-19 perjudique los legítimos derechos e intereses de los abogados en el desempeño de su actividad profesional, que se ha visto muy afectada durante el estado de alarma, como consecuencia de la falta de medios, recursos y gestión eficaz de las administraciones competentes, dando lugar a una injustificada paralización casi total de la actividad judicial. Es necesario superar esta situación y para ello resulta imprescindible que, lejos de obstaculizarse, se facilite el trabajo de los abogados.

Es importante que durante esta primera etapa de reanudación de la actividad judicial los letrados trasladen a las Juntas de Gobierno de los respectivos Colegios de Abogados cualquier incidencia relevante que se observe en la práctica diaria en los Tribunales, para que desde el Colegio se puedan adoptar las medidas oportunas, a cuyo fin resulta imprescindible la colaboración y unión de toda laAbogacía.