La obligatoriedad de la sesión informativa de mediación, a debate en una jornada formativa

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Hace en torno a un año que el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicaba que el Gobierno no descartaba mejorar el marco legislativo para incorporar la obligatoriedad de la mediación en los procesos judiciales como forma de reducir el número de litigios que entran en los juzgados. Doce meses después, el debate sobre esta obligatoriedad de la primera sesión informativa sigue vigente y, para abordar sus obstáculos, implicaciones y viabilidad de esta solución de conflictos alternativa a la vía judicial, el Grupo Especializado de Mediación del Colegio de Abogados de Granada celebró en la tarde del 29 de noviembre una mesa redonda.

Presidida por el decano del Colegio, Eduardo Torres, y el presidente del Grupo de Mediación, Fernando Conde, la jornada formativa contó con intervinientes de primera fila en esta materia: Antonio Dorado Picón, secretario general de la Administración de Justicia; Lorenzo del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Ana Martín Muñoz, directora consultora de AM-Comunicación.

En cuanto a la agenda ministerial relativa a la obligatoriedad de la sesión informativa de mediación, Dorado comentó que, aunque “aún no hay nada decidido” sobre la materia, sí que es una de las “líneas de reflexión” del Ministerio, que estudia el futuro de este sistema, las causas de que a mediación no termine de arrancar y las posibilidades existentes para que sea un procedimiento más utilizado. En este sentido, el secretario general de la Administración de Justicia compartió la experiencia generada en la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, la primera oficina nacional de Mediación integrada en el organigrama de la Administración de Justicia, explicando que, aunque las cifras y las iniciativas de mediación van incrementando año tras año y la tasa de acuerdos en esta vía es importante, “para el volumen tan grande de litigiosidad, los datos de mediación son poco significativos”. “El problema que hay es que no tenemos una cultura de mediación”, aseguró Dorado.

“No hay cultura, pero en un país como el nuestro con ese volumen de litigiosidad tan enorme, la cultura la tienen que poner las Administración Públicas y volcarse un poco más, no solamente en fomentar que exista la mediación, sino también en que se practique, y para ello la obligatoriedad es esencial”, comentó, en cambio, el presidente del TSJA, quien puso el ejemplo de legislaciones como la inglesa, donde hay un 70% de asuntos que previamente se han mediado. No obstante, Del Río se mostró confiado en que “tendrá que llegar un momento en el que efectivamente la mediación se convierta en algo oficial y obligatorio”, más allá de la legislación de mínimos introducida en el ámbito civil. Un futuro en el que, para el ponente, se tienen que implicar todos los operadores jurídicos, invitando a las partes a que previamente haya un intento de solución consensuada. “Es la cultura de paz social, que nos viene de las Naciones Unidas; estamos obligados a que no todo el conflicto se resuelva por el juez, sino que seamos muchos los intervinientes de muy distinto signo los que solucionemos los conflictos”, pues la mediación “también forma parte de la tutela judicial efectiva”, indicó el presidente del Alto Tribunal andaluz.

Por su parte, Martín Muñoz hizo hincapié en la importancia de la comunicación en la mediación. “La comunicación es el alma mater de este tipo de intervención y, cuando se trabaja con personas y conflictos, el profesional es su propio instrumento usando para ello la comunicación verbal, no verbal, paraverbal, los silencios, los gestos, la escucha o su forma su forma de generar ese tercer espacio, que llamamos en mediación, para promover la confianza y la posibilidad de que las partes se entiendan”, expresó la experta en técnicas de comunicación eficaz aplicadas a la gestión y resolución de conflictos, para quien la formación en esta alternativa judicial debería profundizar más en las habilidades comunicativas, incidiendo en ejemplos prácticos que permitan tomar consciencia a los profesionales de que “no son las palabras usadas, sin lo que hay detrás -esos valores, presuposiciones y creencias de cada individuo-, lo que hace interpretarlas de una forma u otra” y facilita el entendimiento y acuerdo de las partes.