Una charla aborda la aplicabilidad de la legislación sobre transparencia y estado del ecosistema

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Desde la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se ha percibido en España un notable esfuerzo por parte de las Administraciones Públicas para mejorar en este ámbito, especialmente a partir de 2015, cuando se exigió su cumplimiento. Así lo considera Rafael Camacho Muñoz, politólogo, consultor independiente, editor del medio online 'Transparencia en España' y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Transparencia Acreditra, durante la charla 'Claves prácticas sobre transparencia: de la ley al ecosistema' que impartió en el Colegio de Abogados de Granada en la mañana del 2 de octubre.

Organizada por el Grupo Especializado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento Normativo, la actividad formativa ofreció un enfoque general sobre el desarrollo de la transparencia en España, refiriéndose a sus antecedentes, aspectos claves de la legislación, desarrollo y el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Portal de Transparencia como referentes principales.

“Hay tres partes que tratan de ver esa aplicabilidad práctica de la transparencia: por un lado, tendremos en cuenta cuestiones relacionadas con el compliance; por otro, con las dificultades y barreras que hay para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública; y, por último, lo que se viene llamando el ecosistema transparente, una composición de actores de las Administraciones Publicas y de la sociedad civil”, expuso el experto, para quien los abogados y demás juristas son fundamentales como divulgadores y defensores de esta legislación novedosa en la sociedad.

No obstante, según adelantó el ponente aún queda mucho camino por recorrer en materia de transparencia, sobre todo, en relación a la evaluación objetiva y completa del derecho de acceso a la información. “Desde la perspectiva comparada, recurriendo al Índice Global de Corrupción de Transparencia Internacional, España no ocupa un lugar ‘honroso’”, explicó Camacho, quien sí que destacó la evolución positiva en cuanto a publicidad activa.  

“Las evaluaciones que se han realizado en España en los últimos años sobre obligaciones de publicidad activa en los mayores ayuntamientos de España y comunidades autónomas han reflejado una nota muy alta, que puede rondar el cumplimiento del 80% o 90% de los indicadores”, indicó Camacho. También el grado de cumplimiento es muy alto en la primera evaluación oficial sobre publicidad activa y derecho de acceso a la información en órganos constitucionales, realizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), mediante el sistema Mesta.