El Colegio constituye el Grupo Especializado de Discapacidad y Dependencia

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La red formativa y de especialización del Colegio no para de crecer. La de Granada es una de las primeras corporaciones en contar con un Grupo Especializado de Discapacidad y Dependencia, que se constituyó formalmente a principios de junio y que ya ha celebrado su primera Junta General ordinaria para fijar sus criterios de actuación durante los dos próximos años.

La Junta Directiva del nuevo grupo -que fue proclamada el pasado día 22- está capitaneada por Torcuato Recover, que ejercerá el cargo de presidente acompañado por la vicepresidenta Susana Montañez, la secretaria-tesorera Silvia Fernández, y los vocales Raúl Navarro, Luis Javier Gutiérrez y Néstor González.

El objetivo principal del nuevo grupo es divulgar, formar e informar a los distintos operadores jurídicos de la realidad de los derechos de las personas con discapacidad y dependencia, poniendo de relieve los profundos cambios que introdujo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, a menudo desconocidos o ignorados en procedimientos civiles y penales. A la convención, que supuso un giro muy positivo para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, se suman también las futuras reformas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento, cuyas implicaciones en este ámbito no son suficientemente conocidas y que requieren actualización formativa por parte de los letrados.

Además, el grupo también centrará su actividad en la Dependencia, un ámbito en el que también se producen muchas colisiones de derechos. La irrupción de la crisis al poco de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia de 2006, por ejemplo, ha provocado una restricción cada vez mayor en este tipo de prestaciones, lo que ha hecho aumentar significativamente el número de reclamaciones judiciales, que exigen a los letrados conocer en profundidad la materia.

Para comenzar a trabajar, el Grupo Especializado de Discapacidad y Dependencia ha formado a su vez tres comisiones: la de formación, la de asistencia jurídica a las personas con discapacidad, y la de reformas procesales y procedimentales.